Lo insólito es que, siete años después, el Estado no garantizó una solución alternativa, ni invirtió en infraestructura adecuada para calefaccionar las aulas. Y ahora, en pleno invierno, se criminaliza a quienes intentan cuidarse del frío. En muchas escuelas, las maestras deben encender las estufas a escondidas, con miedo a sanciones, mientras padres y madres reclaman desesperadamente por la salud de sus hijos.
La ministra Cristina Fiore —cuestionada desde su asunción— no solo reconoció la vigencia de esta medida absurda, sino que se excusó afirmando que la norma “está en revisión”, y hasta culpó a los intendentes por no poner en condiciones las escuelas.
La única “respuesta oficial” es que “ya viene el receso de invierno”, como si dos semanas fueran a compensar años de abandono. Solo unas pocas escuelas cuentan con calefacción —porque sus directores, por su cuenta, lograron mejorar instalaciones—, pero la gran mayoría está condenada al frío por una decisión estatal que privilegia la burocracia por sobre la salud y la dignidad.
Valle de Lerma Hoy