Esa protección interna explica por qué la organización se mantuvo activa e impune durante años, burlando cercos policiales. Tras comprobarse su rol, fue inmediatamente separado, dado de baja y puesto a disposición de la Justicia. Hoy está detenido. La causa marca un antes y un después en la lucha contra el abigeato, según productores rurales damnificados.
En total se realizaron 16 allanamientos simultáneos, con casi $19 millones y USD 20.000 secuestrados. La banda operaba de madrugada, usaba vehículos ajenos, faenaba clandestinamente y distribuía carne en una red ilegal. Entre los puntos de venta investigados figuran carnicerías de la zona norte de Salta Capital.
Para los investigadores ya no son hechos aislados: hablan de una “empresa criminal” que agrava las imputaciones. El gran motor del avance fue el rápido accionar del fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante. Productores destacan que “la causa se destrabó cuando cayó en una fiscalía con decisión de intervenir y coordinar inteligencia”.
“Los delitos complejos exigen fiscales que conozcan el territorio y se ensucien las zapatillas”, señalaron a El Tribuno. Con nueve detenidos a disposición de la Justicia y dos prófugos, la investigación entra en etapa clave. La Fiscalía busca consolidar pruebas, determinar responsabilidades individuales y probar la asociación ilícita. La red de comercialización ilegal y posibles nuevas complicidades institucionales siguen bajo investigación.
El caso deja una conclusión de fondo, las fiscalías no pueden limitarse a administrar papeles y el fuerte respaldo de productores al fiscal Escalante contrasta con la traición del policía rural buchón expulsado. La causa avanza para sostener el proceso hasta lograr futuras condenas y cortar el circuito de impunidad.
Valle de Lerma Hoy