El funcionario explicó a El Tribuno que el proyecto ingresado por legisladores de Cerrillos continuará su curso en comisiones, a la espera de informes judiciales y un análisis más profundo del contexto social e institucional. “Debemos ser prudentes. Una tragedia, por sí sola, no es causal de intervención si no hay responsabilidad directa del intendente”, sostuvo.
Jarsún remarcó que el hecho que conmocionó a la comunidad “terminó de detonar una situación que ya venía con dificultades”, al tiempo que señaló una debilidad institucional previa como uno de los factores clave en evaluación. Sobre el intendente Javier Wayar, indicó que lo encontró “abrumado” y que el propio jefe comunal analiza su continuidad. “Él asegura que la camioneta fue sustraída sin su consentimiento. Eso deberá determinarlo la Justicia”, explicó.
El ministro insistió en que “sería peligroso avanzar de manera apresurada sobre las instituciones” y recordó que otras intervenciones en la provincia se dieron en contextos de corrupción o gravedad judicial, lo que —según marcó— no ocurre en este caso. En ese sentido, subrayó que la situación financiera del municipio es estable y que el principal problema hoy es social y de gobernabilidad, con un fuerte rechazo hacia la gestión.
“Hay que respetar el dolor de la familia y no utilizar políticamente esta tragedia. Es un momento de duelo y de responsabilidad”, concluyó. Mientras tanto, el futuro institucional de La Merced sigue en evaluación: entre la continuidad, una eventual renuncia o una intervención, la definición —por ahora— sigue abierta.
Valle de Lerma Hoy