Uno de los cambios más significativos es el requisito económico: ahora, el ingreso del grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos, vitales y móviles, es decir, unos $890.496. A simple vista, el número parece claro, pero en la práctica —especialmente en provincias como Salta y en el interior del país— la situación se vuelve mucho más compleja.
El problema radica en cómo se define el “grupo familiar”. Antes, el análisis se centraba en los ingresos de padres o tutores. Hoy, en cambio, se contempla a todas las personas que comparten domicilio, incluso si no aportan económicamente al hogar. Esto impacta de lleno en realidades muy comunes en la región: familias ampliadas, viviendas compartidas y terrenos donde conviven varios núcleos familiares. “Un estudiante que vive con sus padres y, por ejemplo, un tío, ya puede quedar afuera del beneficio, aunque ese familiar no contribuya a los gastos”, explicó Fabián Choque, encargado del Punto Digital de El Carril.
En este contexto, situaciones de hacinamiento o convivencia extendida —frecuentes en el Valle de Lerma— terminan jugando en contra de quienes más necesitan la ayuda estatal. Todo queda registrado en plataformas como Mi ANSES o Mi Argentina, donde el domicilio unificado define automáticamente el grupo familiar. Además del requisito económico, también se endurecieron las condiciones académicas y, otro punto crítico, la falta de instancias presenciales para realizar reclamos.
Con la digitalización total del sistema, muchos jóvenes se enfrentan a trámites online sin acompañamiento ni respuestas claras. “Tenemos un cálculo de que al menos el 60% de los chicos quedará afuera por estos cambios, sobre todo por cómo se define el núcleo familiar. Y lo más preocupante es que no hay dónde reclamar”, agregó Choque.
Valle de Lerma Hoy