Según informaron fuentes policiales, no se presentó la documentación requerida, especialmente el estudio de impacto ambiental ni la habilitación de la Secretaría de Medio Ambiente. Incluso, un guardaparque radicó una denuncia al constatar la falta de permisos.
Aunque desde la Fiscalía se permitió que la celebración continuara, la investigación sigue en curso y ya se sumaron presentaciones tanto del municipio como de organismos de control. La controversia se profundizó cuando desde el Ministerio de Producción y Minería advirtieron que el documento exhibido como autorización sería apócrifo, lo que derivó en una denuncia por presunta falsificación de instrumento público.
En contraposición, una concejal local, Romina Mamaní, defendió a la familia propietaria del terreno, asegurando que cuentan con derechos sobre el lugar y que se tomaron medidas de protección ambiental. Sin embargo, el eje del conflicto radica en la legalidad de los permisos y en la responsabilidad de autorizar eventos en ecosistemas frágiles.
Más allá de la disputa administrativa, especialistas advierten sobre el impacto de este tipo de celebraciones en entornos naturales: la presencia masiva de personas, el uso de iluminación artificial y sonido pueden alterar la fauna, dañar la flora y acelerar procesos de erosión. ¿Hasta dónde puede llegar el uso privado de un espacio cuando está en juego el patrimonio ambiental de todos?
Valle de Lerma Hoy