Según la funcionaria, más de 100 comercios operaban con habilitaciones falsas o expedientes incompletos, mientras que el dinero de los supuestos pagos jamás ingresaba a las arcas municipales. “Había locales con número de padrón pero sin documentación real. La plata iba a bolsillos privados, no a Rentas”, denunció Juárez, visiblemente conmocionada.
Y con este descubrimiento la funcionaria se convirtió en blanco de una campaña mediática impulsada por comerciantes irregulares y punteros políticos. Entre ellos figura un individuo con causas por usurpación, venta de carne podrida y evasión sanitaria, quien ahora se presenta como víctima y encabeza una marcha “contra las clausuras”.
Sin embargo, detrás del supuesto reclamo comercial se esconde una maniobra para frenar los controles que buscan limpiar años de desmanejo y descontrol. Desde que Rentas inició auditorías y clausuras, afloraron viejos intereses, amenazas y una resistencia feroz a la transparencia. Juárez aseguró que la Justicia ya investiga los cobros clandestinos, mientras el municipio cesanteó a varios empleados implicados. “Cada vez que intentamos ordenar algo, aparecen las amenazas. No soportan que les pidamos cumplir la ley”, dijo.
Valle de Lerma Hoy
