En este contexto, lo que preocupa no es solo la caída de ingresos, sino la escasa —y en muchos casos nula— capacidad de respuesta de los intendentes para enfrentar la situación. La mayoría de los jefes comunales no cuentan con planes de contingencia ni estrategias de gestión autónoma. Su único recurso parece ser la espera pasiva de fondos y asistencias, sin planificación financiera ni políticas públicas que fortalezcan las economías locales o alivien el peso de la dependencia estructural.
La situación se agrava si se contrasta con el reciente anuncio del Gobierno provincial, que hace apenas dos semanas informó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para reducir la carga fiscal en algunas actividades. Aunque la iniciativa apunta a incentivar sectores económicos, el mensaje se vuelve contradictorio ante la realidad de las arcas provinciales: una recaudación en caída libre, una coparticipación nacional desplomada y municipios sin margen operativo.
Según datos oficiales, la coparticipación nacional para Salta cayó un 19,1% en mayo, en comparación con igual mes del año anterior, siempre en términos reales (es decir, descontando el efecto inflacionario). A esto se suma una baja del 6,7% real en la recaudación propia de la provincia durante el primer trimestre de 2025. Ambos indicadores reflejan con claridad una contracción general de la actividad económica, menor consumo interno y, por ende, menor capacidad contributiva tanto del sector privado como del público.
En este panorama, los municipios —ya acostumbrados a funcionar con transferencias que no controlan ni generan— se enfrentan al límite de su viabilidad. La falta de inversión productiva, la nula planificación tributaria y el clientelismo como herramienta central de la gestión local están mostrando su costo real. No hay políticas de desarrollo local, no hay diversificación económica ni ahorro público. Solo hay una larga lista de pedidos y promesas incumplidas.
Valle de Lerma Hoy
