Uno de los jueces de la Corte salteña, Abel Cornejo, pidió la apertura de un procedimiento de remoción contra el juez Héctor Mariscal Astigueta (foto) y el fiscal Armando Cazón por las actuaciones seguidas tras la violación que sufrió la niña de 12 años de la comunidad wichi de Alto La Sierra, el 28 de noviembre de 2015.
En un escrito de diez carillas, que se conoció en el mediodía de este jueves, Cornejo señaló que “la falta de individualización y aprehensión de los presuntos responsables” del ultrajante abuso “podrían configurar la causal de mal desempeño, retardo de justicia y falta de cumplimiento de los deberes” en la actuación del juez de Garantías 2 de Tartagal y del fiscal penal de ese distrito.
Ahora el presidente de la Corte de Justicia y titular del Jurado de Enjuiciamiento, Guillermo Catalano, deberá convocar a una reunión de ese cuerpo para analizar la admisibilidad de la acusación en contra del juez y el fiscal. El Jurado de Enjuiciamiento (Jury) es el órgano que evalúa la conducta de los magistrados del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público para su eventual destitución por diferentes causales que prevén la Constitución de Salta y la Ley provincial 7.138.
Integran actualmente el Jury otro juez de la Corte, Guillermo Posadas; la fiscal de Estado Mónica Lionetto, representantes del Senado, la Cámara de Diputados y el foro de abogados. En el pedido que elevó Cornejo, cuestionó que los imputados sigan en libertad casi siete meses después de la vejación. “La pena mínima que le corresponde a un hecho aberrante de esas características es de ocho años, con un máximo de veinte”, indicó el juez de Corte que formuló la acusación, para sostener que “bajo ningún concepto corresponde que los supuestos responsables se encuentren en libertad durante el proceso.
Valle de Lerma Hoy/ El Tribuno de Salta
